REVÉS PARA MILEI
El oficialismo no consiguió derogar en la Cámara de Diputados las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, luego de que fracasara el intento de incluir su eliminación en el artículo 75 del capítulo 11 del proyecto de Presupuesto 2026. Se trató de uno de los puntos más controvertidos de la votación.
El artículo en cuestión proponía dejar sin efecto las leyes 27.793 (Emergencia en Discapacidad) y 27.795 (Financiamiento Universitario), pero fue rechazado por 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones. De este modo, ambas normas continúan vigentes, aunque su aplicación sigue condicionada por la falta de partidas presupuestarias.
Las dos leyes habían sido promulgadas por el presidente Javier Milei antes de las elecciones generales de octubre, cuando el rechazo parlamentario a los vetos dejó al Ejecutivo sin margen de maniobra. Sin embargo, el Gobierno no asignó los fondos necesarios para su implementación y sostuvo que correspondía al Congreso definir las fuentes de financiamiento.
En paralelo, el Ejecutivo otorgó aumentos discrecionales tanto a las universidades como a los prestadores de servicios para personas con discapacidad, aunque los montos quedaron muy por debajo de lo previsto en las leyes sancionadas.
En el caso de la emergencia en discapacidad, la Justicia ordenó al Gobierno su aplicación inmediata tras hacer lugar a un amparo colectivo y suspendió el artículo de un decreto presidencial que exigía al Congreso detallar el origen de los fondos. Además, en septiembre, el Senado había insistido con la ley tras el veto presidencial, con 63 votos afirmativos y 7 negativos, en un hecho que no se registraba desde hacía 22 años.
Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Ley de Emergencia en Discapacidad rige en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año adicional. Su objetivo es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas clave como salud, educación, trabajo y protección social.
Entre sus principales disposiciones se encuentran compensaciones económicas para prestadores de servicios y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La norma también prevé la regularización de pagos atrasados y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, declarado de interés público nacional.
Además, impulsa una reforma del sistema de pensiones no contributivas, el fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mediante auditorías y mejoras en sus bases de datos, la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con un enfoque integral y la asignación de recursos específicos para talleres protegidos y centros de día.
La ley también exige al Poder Ejecutivo rendir cuentas sobre la ejecución presupuestaria y ratifica el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario establece la actualización de las partidas destinadas a universidades nacionales, hospitales universitarios y al sistema de ciencia y tecnología a partir del 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada de 2023 y 2024.
Asimismo, prevé incrementos bimestrales ajustados por IPC y una recomposición salarial para docentes y no docentes, con actualización mensual según la inflación.
La iniciativa fue impulsada tras el veto presidencial a una norma similar en octubre de 2024. De acuerdo con informes especializados, pese a los aumentos otorgados por decreto, el presupuesto universitario para 2025 se ubica en su nivel más bajo en dos décadas, con una caída real superior al 30% desde 2023, lo que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas y el acceso a la educación superior gratuita.
