El diputado Valdés impulsará una “contrarreforma” laboral y cuestionó el plan del Gobierno
El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto de contrarreforma laboral que se posiciona como una alternativa directa a la propuesta de flexibilización de las condiciones de trabajo que el Gobierno nacional intentará tratar en el Congreso durante el actual período de sesiones extraordinarias.
La iniciativa plantea una ampliación de derechos, una actualización de los mecanismos salariales y una regulación integral de las nuevas formas de empleo.
Al fundamentar la propuesta, Valdés sostuvo que la modernización laboral debe avanzar en sentido contrario al planteo oficial. “La modernización laboral que exige el siglo XXI va de la mano con más derechos. Hay que saltar la trampa de la falsa dicotomía que plantea el Gobierno nacional”, afirmó. En ese marco, subrayó que el trabajo “no es una mercancía ni una variable de ajuste”, sino un componente central de la justicia social, la cohesión democrática y el desarrollo productivo.
Entre los puntos clave, el proyecto propone una ampliación significativa de las licencias laborales. En el caso de los nacimientos, se establecen 126 días para personas gestantes y 90 días para personas no gestantes, mientras que para las adopciones se fijan 90 días. También se extiende la duración de las licencias especiales, como las previstas por matrimonio o unión convivencial, fallecimiento de cónyuge o familiar directo y exámenes, entre otras.
En los fundamentos, el legislador remarca que el Título VII introduce una concepción “moderna e integral” de las licencias, basada en el principio de corresponsabilidad en las tareas de cuidado y alineada con los estándares internacionales en materia de derechos de la niñez, discapacidad, igualdad y protección de la familia. El texto garantiza la indemnidad económica durante el goce de las licencias, amplía y sistematiza los distintos regímenes y reconoce la diversidad de configuraciones familiares.
La iniciativa, denominada “Régimen Permanente de Formalización Laboral, Protección Integral del Trabajo y de la Producción”, también introduce cambios en el funcionamiento del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En ese sentido, establece su convocatoria obligatoria y automática con una periodicidad mínima de tres veces por año, independientemente de pedidos sectoriales, y fija la obligación de expedirse en cada reunión sobre la actualización del salario mínimo.
Según el proyecto, el Consejo deberá considerar variables como la situación socioeconómica, la evolución del costo de vida, el valor de la canasta básica total, el índice de precios y la razonabilidad entre estos indicadores, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo del salario mínimo.
Valdés aclaró además que la reforma no afecta la negociación colectiva, sino que busca fortalecerla. Recordó que, en el sistema constitucional argentino, el salario mínimo funciona como un piso inderogable de orden público laboral, mientras que las paritarias, reguladas por la Ley 23.546, permiten mejorar las condiciones salariales y laborales según cada actividad. A su entender, un salario mínimo desactualizado obliga a negociar “desde la urgencia” y debilita el rol histórico de la negociación colectiva.
Otro eje central del proyecto es la regulación del trabajo en plataformas digitales. La propuesta establece una presunción de laboralidad cuando existan elementos de dirección, organización o control, incluido el control algorítmico, reafirmando la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio de primacía de la realidad. “Vamos a impedir que la innovación tecnológica sea utilizada como mecanismo de evasión de responsabilidades laborales”, señaló el diputado.
Finalmente, la iniciativa incorpora un enfoque integral para combatir la informalidad estructural, articulando políticas laborales con herramientas de protección social como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), concebido como instrumento transitorio de transición al trabajo formal, y la actualización del Sueldo Anual Complementario (SAC).
En el cierre de los fundamentos, Valdés afirmó que no se trata de una reforma parcial, sino de la construcción de un sistema normativo coherente, orientado a formalizar, proteger e integrar el mercado laboral, preservando las conquistas históricas del Derecho del Trabajo argentino y proyectándolas hacia los desafíos del siglo XXI. El proyecto se suma a otras iniciativas impulsadas dentro de Unión por la Patria por legisladores como Kelly Olmos, Vanesa Siley, Sergio Palazzo y Hugo Yasky.