CONGRESO
Sobre el límite del plazo legal, el Gobierno envió al Congreso un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica el Sistema de Inteligencia Nacional y generó un fuerte rechazo en la oposición y en organismos de derechos humanos. El texto habilita nuevas atribuciones para los servicios de inteligencia, entre ellas la posibilidad de aprehender personas sin orden judicial.
Desde el envío del decreto, la Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para analizarlo, pero aún no fue conformada. Ante ese escenario, los bloques opositores ya trabajan para llevar el debate directamente al recinto a partir de febrero.
Para que el DNU quede sin efecto se necesita el rechazo por mayoría simple en ambas cámaras. En Diputados, la oposición estima contar con unos 122 votos, muy cerca del número necesario para bloquear la iniciativa.
Los legisladores que impulsan el rechazo sostienen que el decreto no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia y advierten que otorga a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con la Constitución y con el principio de división de poderes.
En paralelo, la Justicia aún debe resolver los amparos presentados para frenar la aplicación del decreto. El tratamiento judicial, por ahora, permanece demorado por la feria.
