REFORMAS
El Gobierno Nacional avanza en un plan para eliminar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la ampliación del Régimen de Zona Fría, aprobada por ley en 2021 durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. La medida podría impactar en 3,1 millones de usuarios que actualmente reciben un subsidio de hasta el 50% en sus facturas de gas natural.
Según informó el sitio especializado EconoJournal, abogados del Ministerio de Economía analizan las consecuencias legales de aplicar un DNU de estas características. La normativa vigente, la ley 27.637, amplió en 2021 el alcance del régimen y elevó el número de beneficiarios de 850.000 a 4 millones de hogares, incluyendo zonas con clima templado como el interior de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
El ministro de Economía, Luis Caputo, promueve una marcha atrás sobre esa ampliación, que este año le costará al Tesoro Nacional unos US$ 300 millones. El régimen original, creado por la ley 25.565 en 2002, estaba pensado para regiones con severas condiciones climáticas, como la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Uno de los principales cuestionamientos al esquema actual es que no tiene en cuenta el nivel socioeconómico de los hogares beneficiados. Así, miles de personas de ingresos medio-altos también acceden al descuento, mientras que el financiamiento del sistema recae sobre todo el resto de los usuarios a través de un recargo del 7% en las facturas, incluso aquellos con bajos recursos, generando un efecto regresivo.
Además, parte del subsidio se cubre con fondos del Estado, pese a que en su momento se prometió que no implicaría aportes directos del Tesoro. Esa contradicción es uno de los argumentos que utiliza el Gobierno para justificar la posible eliminación.
De concretarse, el DNU anularía los beneficios incorporados en la ampliación de 2021 y reduciría el régimen a su esquema original. La medida podría implementarse tras las elecciones legislativas de octubre, para evitar un conflicto directo con gobernadores y legisladores, quienes dudan en votar una ley que suponga un aumento de tarifas en sus distritos.
En paralelo, el área energética ya empezó a aplicar criterios más estrictos para acceder al beneficio, como excluir a usuarios con más de un medidor.
Un informe de la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, revela que desde la ampliación, el consumo unitario de gas en las nuevas zonas incorporadas aumentó un 7% entre 2021 y 2024, mientras que en las regiones que no accedieron al subsidio, la demanda cayó hasta un 9% en el mismo período.
La Casa Rosada apuesta ahora a reformular el régimen y concentrar los recursos del Estado en los sectores y zonas que realmente lo necesitan. El futuro del subsidio a las zonas frías, sin embargo, quedará definido por la viabilidad política de avanzar sin el Congreso.
