CONVENIO
El Gobierno entró en la etapa decisiva del entendimiento con Estados Unidos, que exige adaptar la legislación argentina antes de la firma formal. Aunque el texto final aún se elabora, los equipos técnicos ya identificaron regulaciones que deberán actualizarse para que el acuerdo pueda ponerse en marcha sin trabas.
Entre las modificaciones previstas figuran la eliminación progresiva del impuesto estadístico para bienes norteamericanos, el fin de las exigencias consulares en importaciones y la adopción de estándares internacionales. Esto permitirá que productos aprobados por agencias como la FDA ingresen al país sin controles duplicados.
Washington también pidió mejoras en la protección de la propiedad intelectual, un punto observado desde hace años. Argentina se comprometió a reforzar los controles contra falsificaciones, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales, y a modernizar los procedimientos judiciales para agilizar causas por piratería.
En paralelo, el acuerdo incluye lineamientos laborales que podrían requerir aval parlamentario, como la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. El Ejecutivo planea debatir una reforma laboral en sesiones extraordinarias, aunque por ahora no confirmó si incorporará estos cambios dentro del proyecto.
El intercambio digital también será clave: el país reconocerá a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencias de datos y aceptará firmas electrónicas bajo sus normas. Estos ajustes buscan facilitar operaciones comerciales y administrativas entre ambos mercados.
Aunque la Casa Rosada evalúa avanzar por decreto en varios puntos, otros deberán esperar al Congreso en 2026, cuando se defina la hoja de ruta legislativa necesaria para que el acuerdo pueda efectivamente entrar en vigencia.
