CONFLICTO JUDICIAL
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025, mediante el cual se había suspendido su implementación.
Según informaron fuentes oficiales, la apelación será presentada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la resolución firmada por el juez Adrián González Charvay.
Desde la Casa Rosada cuestionaron la decisión judicial y sostienen que implica una intromisión en las facultades del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la administración de los recursos del Estado y al manejo del presupuesto. Además, argumentan que la aplicación de la ley sin financiamiento específico pondría en riesgo el equilibrio fiscal definido por la actual gestión.
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declara la emergencia en el sector hasta fines de 2027. Si bien la norma fue promulgada, el Ejecutivo decidió frenar su puesta en marcha al considerar que el Parlamento no había establecido las fuentes de financiamiento necesarias.
Esa decisión se formalizó a través del Decreto 681/2025, que dejó la ley en suspenso y derivó en fuertes reclamos por parte de familias, organizaciones y prestadores vinculados al sector. El amparo judicial que dio origen al fallo fue presentado por dos familias en representación de sus hijos, ambos con Certificado Único de Discapacidad.
En su resolución, el juez cuestionó los argumentos fiscales del Gobierno y recordó que el Congreso había facultado al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias. También señaló que, desde diciembre de 2023, se llevaron adelante numerosas modificaciones presupuestarias con otros destinos.
El fallo subrayó además la situación de especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, en particular niños y adultos mayores, y remarcó la obligación del Estado de adoptar medidas de protección reforzada. En ese sentido, citó antecedentes de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que advierten sobre la prohibición de retrocesos en materia de derechos sociales.
