El Gobierno nacional pondrá en marcha este jueves la intervención sobre la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y la Superliga mediante el ingreso de veedores designados por el Ministerio de Justicia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades contables.
La medida surge tras una denuncia presentada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que cuestionó la falta de documentación aclaratoria sobre balances correspondientes a los últimos años y apuntó a movimientos por unos 450 millones de dólares.
Según trascendió, los funcionarios designados tendrán acceso a balances, registros administrativos y contratos comerciales con el objetivo de elaborar un informe sobre el manejo institucional y financiero de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

Entre las observaciones realizadas por el organismo oficial también aparecen supuestas irregularidades vinculadas a la creación de una universidad dependiente de la AFA que no habría sido registrada formalmente.
Además, la investigación pone la lupa sobre vínculos comerciales con empresas que actualmente están bajo análisis judicial por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.
Otro de los puntos cuestionados por el Gobierno fue el intento de trasladar la sede administrativa de la AFA a un predio de la provincia de Buenos Aires, una maniobra que, según la denuncia, buscaba evitar el control de la IGJ. Finalmente, el traslado fue rechazado y la entidad continúa funcionando en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.



