El oficialismo tiene en agenda que, en la primera semana de marzo, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario, tras la sanción del proyecto de reforma laboral. La normativa busca reemplazar la Ley 27.795 con ajustes por inflación, aumentos salariales escalonados y un refuerzo para hospitales universitarios.
El proyecto y su desarrollo
El texto se trabajó en despachos de la Casa Rosada, con intervención de la Secretaría Legal y Técnica y la Subsecretaría de Políticas Universitarias. La iniciativa contempla:
Actualización de gastos: el artículo 3° establece que los créditos para funcionamiento, hospitales universitarios y ciencia se ajustarán según la inflación efectiva si supera el 14,3%.
Refuerzo a hospitales universitarios: el artículo 4° suma $80.072.460.000 para financiar el sistema de salud universitario.
Recomposición salarial: el artículo 5° establece tres aumentos de 4,1% cada uno para docentes y no docentes, totalizando 12,3%, y obliga al Ejecutivo a convocar paritarias con frecuencia no mayor a tres meses.

Perspectiva oficial y contexto legislativo
En la Casa Rosada se mantiene el optimismo sobre la aprobación del proyecto, confiando en los aliados parlamentarios tras las sesiones extraordinarias. Junto con esta ley, el oficialismo busca avanzar con otros proyectos clave, como la reforma tributaria. Por otro lado, los cambios al sistema previsional se posponen, ya que se consideran viables solo una vez fortalecido el mercado laboral formal.
Primeras críticas
Gremios docentes, como Feduba, cuestionan la iniciativa: consideran que consolida ajustes sobre los salarios y advierten sobre posibles medidas de fuerza si la ley se aprueba sin modificaciones.
El debate anticipa un choque entre la agenda oficial y los reclamos del sector universitario, donde el ajuste presupuestario y la recomposición salarial serán los principales puntos de discusión.
