INVESTIGACIÓN
La auditoría que el Gobierno impulsa en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se retrasará por la incautación de documentos clave durante los allanamientos judiciales a las sedes del organismo. Según confirmaron en la Casa Rosada, se trata de facturas de compras de medicamentos a distintas droguerías, que no figuran en portales públicos ni presentan trazabilidad en el sistema de administración del Ministerio de Salud.
El Ejecutivo analiza distintas alternativas legales para solicitar copias de esos expedientes, ya que el Estado no figura como parte de la causa. Mientras tanto, el interventor de la agencia, Alberto Vilches, logró un acuerdo con la Policía de la Ciudad para que, en nuevos operativos, se realicen copias de la documentación en lugar de retirarla, lo que permitió que los auditores comenzaran recién este lunes la revisión de los procesos de compra.
En el Gobierno sospechan que pudo haber sobreprecios en las adquisiciones de la ANDIS y miran especialmente los contratos con la droguería Suizo Argentina, aunque rechazan versiones preliminares que hablaban de un 27% de incremento en un mismo producto.
La auditoría interna, que se extenderá hasta octubre, también revisará la estructura de la ANDIS, compuesta por 921 empleados y un presupuesto de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones se destinan a seguridad social y más de $556.000 millones a salud.
