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El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de reforma electoral, una iniciativa construida sobre el borrador de reforma electoral integral que venía elaborando el Ejecutivo y que plantea cambios estructurales en el sistema político argentino.
Entre los ejes centrales se destaca la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mediante la derogación del régimen vigente. De acuerdo con los fundamentos oficiales, el esquema implicó un alto costo económico —estimado en $45.000 millones en 2023— sin cumplir el objetivo de ordenar la competencia interna de los partidos. En este marco, se propone que las primarias vuelvan a ser un mecanismo interno de las agrupaciones políticas.
El proyecto también introduce modificaciones en la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de reforzar los requisitos de afiliación, elevar los pisos de votos para sostener la personería jurídica y ordenar el funcionamiento interno. Además, incorpora la afiliación digital, como parte de un proceso de modernización administrativa.
En paralelo, el texto plantea la eliminación del régimen de espacios cedidos en medios de comunicación, que actualmente garantiza publicidad electoral gratuita, al considerarlo un subsidio indirecto dentro del sistema.
En materia de recursos, la iniciativa redefine el financiamiento de la política, con nuevas reglas sobre aportes públicos y privados, la implementación de controles más estrictos y la búsqueda de mayor transparencia y trazabilidad de los fondos. También se habilita la posibilidad de que los partidos opten por renunciar al financiamiento estatal y sostener sus campañas mediante aportes voluntarios.
El proyecto incorpora además el criterio de “Ficha Limpia”, que impedirá la postulación de candidatos con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos, y extiende la restricción para el acceso a cargos en la Administración Pública.
