VENTAS DE ORGANISMOS
El Gobierno nacional continúa con su plan de privatizaciones y avanzó en el proceso para transferir al sector privado el control de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa responsable del suministro de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.
La medida se formalizó mediante el Decreto 805/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a todo el Gabinete. El texto aprueba el nuevo “marco regulatorio” de la compañía, que actualiza su reglamento y prepara las condiciones legales y administrativas para la privatización.
Según el decreto, la Ley Bases ya había declarado a AySA “sujeta a privatización”, y el proceso deberá desarrollarse bajo los principios de “transparencia, competencia, máxima concurrencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
El documento también aclara que el Contrato de Concesión podrá establecer un “régimen de transición” de hasta cinco años, con el objetivo de garantizar una aplicación progresiva del nuevo marco regulatorio y mantener el equilibrio económico-financiero del servicio durante el traspaso.
Un proceso iniciado meses atrás
El Ministerio de Economía había dado el primer paso en agosto, a través de la Resolución 1198/2025, que instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a llevar adelante la privatización. El organismo deberá contratar a un banco estatal para valuar el paquete accionario, realizar la venta en un plazo máximo de ocho meses y colocar en los mercados las acciones que permanezcan en manos del Estado.
En esa misma línea, el Decreto 494/2025 —que autorizó la operación— argumentó que la intervención estatal “no ha dado los resultados esperados” y que la gestión pública “ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la administración de los servicios públicos”.
El Gobierno sostiene que la privatización busca garantizar inversiones en infraestructura que superan la capacidad financiera de la empresa, y así mejorar la calidad del servicio en el área concesionada.
Propiedad participada y oposición política
Del total del capital accionario, el 10% continuará en manos de los trabajadores de AySA bajo el régimen de propiedad participada vigente.
Tras la publicación de los decretos, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para rechazar las medidas del Ejecutivo, al considerar que implican una reforma del sistema de provisión de agua y un avance sobre una empresa estratégica para la población.
Con esta decisión, el Gobierno suma a AySA a la lista de compañías en proceso de privatización, junto con Nucleoeléctrica Argentina —donde el Estado conservará el 51%— y las rutas nacionales, cuya licitación ya fue puesta en marcha para más de 1.800 kilómetros.
