LEY 27.798
El Gobierno nacional formalizó la asignación de partidas previstas en el Presupuesto 2026 y avanzó en un esquema más estricto para la administración de los recursos del Estado. La normativa establece nuevos criterios para el manejo de créditos, el financiamiento de organismos y empresas públicas, y la designación de cargos dentro de la estructura estatal.
La medida reglamenta la aplicación de la Ley N° 27.798 y detalla, a través de anexos oficiales, el reparto de los créditos destinados a todos los organismos nacionales, tanto para gastos corrientes como de capital. El objetivo central es reforzar el control sobre la ejecución presupuestaria y delimitar con mayor precisión las responsabilidades en cada área.
Uno de los cambios clave es la concentración de facultades en la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo la desagregación de los créditos hasta el nivel más específico de partidas y programas. De este modo, el Ejecutivo busca fortalecer el seguimiento del gasto y ordenar la administración de los fondos públicos.
En materia de empleo público, se dispuso que toda cobertura de vacantes deberá contar con una certificación previa de disponibilidad presupuestaria y la confirmación de la inexistencia efectiva del cargo. Además, cualquier modificación en puestos ejecutivos requerirá la intervención de las secretarías de Transformación del Estado y de Hacienda, con aval final del Presidente.
La normativa también ordena el financiamiento de las empresas públicas no financieras, que deberá canalizarse exclusivamente a través de obligaciones a cargo del Tesoro Nacional, y condiciona los desembolsos al cumplimiento de los requisitos legales y administrativos vigentes.
En cuanto al control de las dotaciones, cada organismo estará obligado a informar trimestralmente la evolución de su plantilla y a justificar cualquier cambio en su estructura antes de obtener la autorización correspondiente. En paralelo, se fijó un cronograma de transferencias al Tesoro en cuatro cuotas anuales a lo largo de 2026.
El esquema incorpora, además, un régimen de créditos “indicativos”, que habilita ajustes en determinadas partidas según la marcha del ejercicio, y prevé autorizaciones especiales para movimientos vinculados a gastos de inteligencia.
Por último, se endurecieron los requisitos para la ejecución de obras públicas y la compra de bienes de uso, que solo podrán avanzar con dictamen técnico favorable. También se reforzó el sistema de seguimiento de programas, con la posibilidad de suspender pagos ante incumplimientos reiterados en la rendición de información.
