El presidente Javier Milei continúa siendo investigado por su rol en el llamado LibraGate, el escándalo generado por la difusión de la criptomoneda $Libra, que sufrió una caída abrupta y afectó a inversores en todo el mundo.
El 14 de febrero de 2025, a las 19:01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje presentando el token como un “proyecto privado” destinado a financiar pymes tecnológicas y desarrollos vinculados a inteligencia artificial. Minutos después, la compra masiva disparó el precio del activo digital.
Sin embargo, horas más tarde, su valor se desplomó más de un 85% tras una maniobra conocida como rug pull, dejando a unas 44.000 personas afectadas en diferentes países, incluyendo más de 1.300 argentinos. Tras el desplome, Milei eliminó el mensaje y afirmó que solo había “difundido” el proyecto, asegurando que su cuenta personal no debía interpretarse como un canal oficial del Estado.

Investigación judicial
El 17 de febrero de 2025 se presentaron las primeras denuncias por presunta estafa y asociación ilícita, con la causa en manos de la jueza María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, quienes investigan responsabilidades en el caso.
En el expediente figuran también el empresario argentino Mauricio Novelli, señalado como nexo entre los desarrolladores y el entorno presidencial, y el estadounidense Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures e impulsor del token. La Justicia ordenó allanamientos, inmovilización de bienes y análisis de billeteras digitales que recibieron transferencias millonarias tras el desplome. Paralelamente, en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York contra los responsables de la operación.
La presión política
El caso $Libra trascendió lo judicial y generó un fuerte debate político. En la Cámara de Diputados se creó una comisión investigadora, que concluyó que el presidente tuvo una “colaboración imprescindible” en la difusión del token y remitió las actuaciones a la Justicia federal.
Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que no hubo participación estatal ni beneficio económico, describiendo el episodio como un conflicto entre privados.
A un año del mensaje que encendió la polémica, el caso $Libra sigue abierto y continúa siendo uno de los episodios más sensibles de la gestión de Milei, con repercusiones económicas, políticas y judiciales todavía en desarrollo.
