REFORMA PENAL
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes la reforma al Código Procesal Penal, una iniciativa del Poder Ejecutivo destinada a agilizar y optimizar los procesos judiciales en la provincia. La medida, respaldada por una mayoría de votos, profundiza las modificaciones implementadas en años anteriores y busca dotar de mayor eficiencia, transparencia y precisión a los procedimientos judiciales.
Durante la discusión del proyecto, el senador Walther Marcolini, en su rol de miembro informante, destacó que la reforma tiene como objetivo dinamizar la etapa de investigación preparatoria dentro del sistema acusatorio de Mendoza. "El expediente de referencia y su despacho, lo que hace es adherir a la media sanción que la Cámara de Diputados le dio al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, que modifica la ley 6730 del Código Procesal Penal", explicó Marcolini.
El senador enfatizó que esta reforma sigue la línea de otras doce leyes sancionadas desde 2016 con el objetivo de hacer el proceso penal más ágil, transparente y preciso.
Entre los aspectos clave mencionados, se destaca la modificación del artículo 22 del Código para evitar dilaciones en la etapa investigativa, así como la regulación de nulidades en el artículo 201, estableciendo momentos específicos para plantearlas. También se menciona la facultad del fiscal de archivar causas según el artículo 346, con posibilidad de revisión por parte del juez de garantías, y el refuerzo del control sobre las pruebas rechazadas en el artículo 347.
En cuanto a las apelaciones, Marcolini precisó que se limita su alcance a casos específicos en los artículos 350, 355, 466, 481 y 482, evitando demoras innecesarias. Además, resaltó el nuevo procedimiento ante discrepancias entre el fiscal y el juez de garantías: "Si el fiscal plantea un sobreseimiento y el juez no está de acuerdo, la decisión pasa al fiscal adjunto penal. Si este último coincide con el fiscal inferior, el juez deberá resolver en la materia. En caso contrario, la causa se transfiere a un fiscal subrogante, asegurando así una doble revisión del proceso".
Finalmente, el senador destacó que la reforma busca mayor rapidez en la resolución de causas, la descongestión del sistema judicial, la reducción de audiencias innecesarias y una mayor seguridad jurídica al precisar plazos y procedimientos.
Por su parte, la senadora Adriana Cano del bloque justicialista; como los senadores Dugar Chappel, del Partido Verde; Armando Magistretti del Partido Demócrata/La Libertad Avanza; y Ariel Pringles de La Unión Mendocina, adelantaron su voto negativo, manifestando su desacuerdo con la reforma. Desde la oposición destacaron que "faltó debate y tratamiento legislativo".
El proyecto fue aprobado por 19 votos afirmativos y 17 negativos, por lo que fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Propósitos de la Reforma
El proyecto, elaborado en conjunto por el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal, introduce cambios en la normativa vigente con el objetivo de evitar la dilación de los procesos. En particular, se pone el foco en la investigación penal preparatoria, que no debe convertirse en una instancia prolongada cuando la etapa central del proceso es el juicio oral.
Uno de los aspectos clave de la reforma es la diferenciación clara entre la investigación y el juicio. Mientras la primera queda bajo la responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, encargado de reunir pruebas y preparar el caso, la segunda es el espacio en el que se debaten las posturas de la acusación y la defensa ante el tribunal.
Con este esquema, se busca evitar que la investigación se vuelva un obstáculo en la resolución de los casos. Se establecen nuevas reglas para optimizar su desarrollo, permitiendo que ciertas instancias no frenen el avance del proceso y que las decisiones sean revisadas de manera ágil cuando sea necesario.
