El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793, que declara la Emergencia en Discapacidad hasta 2026, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Pese a su promulgación, la ejecución de la norma quedó postergada, ya que el Ejecutivo advirtió que no están previstas las partidas presupuestarias necesarias. Según cálculos oficiales, la creación de nuevas pensiones y coberturas médicas demandaría recursos equivalentes a más del 0,4% del PBI.

El Gobierno argumentó que el Congreso omitió definir las fuentes de financiamiento y que el presupuesto vigente no alcanza para cubrir los gastos que implicaría la medida. Por ese motivo, la aplicación de la ley dependerá de una futura decisión legislativa.
Mientras tanto, el Ejecutivo resolvió reasignar partidas presupuestarias para reforzar la atención a personas con discapacidad desde octubre, en respuesta a los reclamos de prestadores del sistema.



