EN CATAMARCA
La Unión Cívica Radical (UCR) de Catamarca atraviesa una fuerte crisis interna tras la presentación formal de un pedido de expulsión contra alrededor de 40 afiliados que compitieron como candidatos por otras fuerzas políticas en las elecciones legislativas nacionales de octubre, en su mayoría dentro de listas de La Libertad Avanza (LLA).
La iniciativa fue impulsada por la conducción partidaria, encabezada por el diputado provincial reelecto Luis Fadel, quien elevó la solicitud de desafiliación ante la Justicia Federal con competencia electoral. En el escrito se sostiene que los involucrados violaron la Carta Orgánica del partido, que prevé la expulsión automática de quienes se postulan por espacios ajenos a la UCR.
El listado incluye a dirigentes con distintos niveles de responsabilidad institucional. Entre ellos figuran el exdiputado nacional Francisco Monti, hoy diputado provincial; María Laura Quinteros, también electa legisladora; Juan Pablo Acevedo, María Silvana Carrizo y Hemilce Anabel Niz. La nómina se completa con afiliados que fueron candidatos a concejales tanto en la capital provincial como en departamentos del interior, no solo por LLA sino también por otras fuerzas como Primero Catamarca, Hacemos, Con Vos Podemos, el Movimiento de Integración y Desarrollo y la alianza Andalgalá por una Catamarca Mejor, entre otras.
El conflicto se da en un contexto de fuerte retroceso electoral para el radicalismo catamarqueño. En los comicios de octubre, la alianza Somos Provincias Unidas —integrada por la UCR y el partido Movilización— obtuvo apenas el 9,06% de los votos a nivel provincial y quedó en tercer lugar, detrás del oficialismo de Fuerza Patria y de LLA. Como consecuencia, el radicalismo solo logró retener dos de las seis bancas que ponía en juego en la Cámara de Diputados provincial.
Rechazo interno y advertencia de judicialización
La decisión de avanzar con las expulsiones generó una rápida reacción de un sector disidente del Comité Provincial. A través de un duro comunicado firmado por la vicepresidenta Natalia Heredia y varios secretarios partidarios, cuestionaron la medida y exigieron su “inmediata revisión”, además de reclamar la restitución del funcionamiento pleno del Comité.
En el documento, los dirigentes advirtieron que las desafiliaciones “constituyen un grave atropello institucional” y reflejan el deterioro interno del partido. También denunciaron que la UCR catamarqueña está siendo conducida por un grupo reducido de dirigentes que, según expresaron, “administran el partido como si fuera un patrimonio personal”.
Los disidentes recordaron que la última Convención Provincial —máximo órgano partidario— había habilitado la conformación de alianzas y que nunca se autorizó al Comité Provincia ni a su presidente a sellar acuerdos exclusivos ni a impedir la participación de otras fuerzas. Además, remarcaron que no se cumplieron los procedimientos establecidos por la Carta Orgánica para adoptar sanciones de esta magnitud, como la convocatoria y participación de los órganos correspondientes.
Ante este escenario, el sector crítico no descartó recurrir a la Justicia para impugnar la decisión de la conducción, lo que anticipa una profundización del conflicto interno en el radicalismo de Catamarca.
