DEBATE
El Gobierno nacional puso en marcha el tratamiento legislativo del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa que reabre uno de los debates más sensibles para la minería y el desarrollo productivo en Argentina.
El proyecto fue enviado al Congreso y comenzará a discutirse esta semana en un plenario conjunto de las comisiones de Minería y de Ambiente, con una agenda intensa que podría derivar en la firma de dictamen.
Agenda del debate
El debate arrancará este miércoles 17 de diciembre a las 10.30, con la constitución formal del plenario y las exposiciones iniciales de funcionarios del Ejecutivo. Por la tarde, se realizará una Mesa Federal con la participación de autoridades provinciales de Minería y Medio Ambiente.
El jueves será el turno de cámaras empresariales y organizaciones ambientalistas, mientras que la jornada cerrará con la presencia de gobernadores de provincias cordilleranas.
El proyecto cuenta con un fuerte respaldo de los mandatarios que integran la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, quienes promovieron formalmente la adecuación de la norma y buscan un tratamiento acelerado en el Congreso.
Qué cambios introduce la adecuación
El proyecto no deroga la ley vigente ni modifica sus prohibiciones centrales, pero introduce cambios clave en su aplicación:
Redefine el objeto de la norma, protegiendo únicamente los glaciares y geoformas periglaciales con funciones hídricas efectivas.
Refuerza el rol de las provincias en la gestión ambiental.
Reformula el Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá a cargo del IANIGLA, pero con mayor interacción con las jurisdicciones provinciales. El Inventario identificará únicamente formaciones con función hídrica comprobada y será de consulta obligatoria, sin desplazar competencias locales.
Mantiene el principio precautorio y las prohibiciones a actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en glaciares y ambientes periglaciales.
Determina que los impactos relevantes serán evaluados por la autoridad ambiental competente, con estudios de impacto ambiental e instancias de participación ciudadana.
Con esta adecuación, el Gobierno busca equilibrar protección ambiental y desarrollo productivo, generando un debate que tendrá especial seguimiento por parte de provincias, empresas y organizaciones ambientalistas.
