NARCOTEST
En Godoy Cruz, un proyecto de ordenanza propone que todos los funcionarios públicos se sometan a exámenes toxicológicos obligatorios y aleatorios. La medida alcanzaría a integrantes del Poder Ejecutivo municipal, del Honorable Concejo Deliberante y del Juzgado de Tránsito y Faltas.
El plan prevé que los controles se realicen cada seis meses, con selección de funcionarios mediante sorteo y un plazo máximo de 24 horas para presentarse a la toma de muestras, asegurando el carácter sorpresivo de la prueba.
La normativa contempla sanciones estrictas: negarse a realizar el examen se considerará presunción de resultado positivo. En caso de un primer test positivo, se aplicará una multa económica equivalente a una falta grave de tránsito. Un segundo resultado positivo implicaría la remoción inmediata del cargo o la activación de los mecanismos institucionales de destitución en el caso de funcionarios electos.
El proyecto incluye especialmente al Juzgado de Tránsito y Faltas, con el argumento de que quienes sancionan conductas ciudadanas deben cumplir con los mismos estándares éticos y sanitarios que se exigen a los vecinos.
Iniciativas similares ya se implementan en otros municipios y también están en debate a nivel provincial, reflejando una tendencia creciente a exigir mayor transparencia y responsabilidad en la función pública.
