Habrá más presupuesto para el organismo que controla a los funcionarios de Mendoza
La Oficina de Ética Pública contará en 2026 con un presupuesto de más de 130 millones de pesos, según lo informó su titular, Gabriel Balsells Miró, durante la presentación realizada ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.
El organismo de control extrapoder regula las normas de conducta en el ejercicio de la función pública, promoviendo un desempeño responsable, honesto, justo, digno y transparente. En ese marco, Balsells Miró subrayó que se busca aplicar un enfoque sistémico e integrado de la Ética y la Transparencia, articulando acciones con jurisdicciones estatales, instituciones públicas no estatales y organismos privados vinculados a los Estados provincial y municipales.
La oficina cuenta con tres áreas de trabajo: la Dirección de Registro e Informática, la Dirección de Investigaciones Administrativas y la Subdirección de Acceso a la Información Pública. En total, administra 7271 sujetos obligados empadronados, entre los cuales 1924 pertenecen al Poder Ejecutivo, 130 al Poder Legislativo, 1820 al Poder Judicial, 1067 a Municipalidades, 282 a gremios y sindicatos, 73 a organismos de control, y 1975 a funcionarios con mandato cumplido.
Además, se registran 83 encargados de padrón, 81 informantes sumariales, 1260 fichas limpias y 423 proveedores.
De cara al presupuesto 2026, los objetivos incluyen la actualización de los Sistemas de Carga y sus motores de búsqueda, con el fin de lograr una interfaz más eficiente, amigable y precisa para los usuarios, que permita una mayor trazabilidad y control de la información, tanto desde la Auditoría como en su uso social.
En relación con la Dirección de Investigaciones Administrativas, que en 2025 emitió 1140 dictámenes, las metas para el próximo año se orientan a campañas de divulgación, definición de estándares de actuación y participación en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.
Por su parte, la Subdirección de Acceso a la Información Pública registró este año 824 pedidos de información, con una tasa de respuesta efectiva del 90% y un cumplimiento del 96% dentro del plazo legal.
Balsells Miró informó también que 16 municipios están adheridos a la Ley de Ética Pública, mientras que Lavalle, aunque no está adherido, cuenta con una norma específica. El único municipio que renunció a su adhesión es Maipú. “Con los municipios hemos trabajado muy bien, sobre todo en las páginas web, para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia”, destacó.
En cuanto a los Concejos Deliberantes adheridos, suman ocho: Capital, Guaymallén, Las Heras, Rivadavia, La Paz, Luján de Cuyo, Tupungato y Malargüe.
Las metas previstas para 2026 se centran en el sostenimiento del Plan de Capacitación Permanente, considerando los cambios de gestiones provinciales y municipales y el reemplazo de Funcionarios Garantes; además, se busca incrementar la adhesión específica de Concejos Deliberantes, incorporar software de accesibilidad, y fortalecer las auditorías sobre transparencia activa.
Finalmente, el auditor resaltó la necesidad de unificar plazos en toda la Administración Pública, al señalar que “si cada municipio tiene sus propios plazos, le complicamos la vida a la gente; necesitamos un esquema más simple y coordinado”. También propuso reformas legislativas que permitan “que el reclamante pueda fundar sus recursos”, en línea con el espíritu de modernización institucional y transparencia que impulsa la Oficina de Ética Pública.