El próximo 8 de julio expira la Ley Bases, que otorga facultades especiales al presidente Javier Milei para gobernar por decreto. Tras regresar de su gira internacional este sábado, el mandatario se apresta a firmar al menos trece decretos que buscarán continuar con el ajuste del gasto público y la reestructuración de organismos nacionales.
Estas medidas incluyen el cierre o transformación de entidades estatales, además de una mayor centralización administrativa. Entre los organismos en la mira figuran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que podría enfrentar despidos y venta de activos, así como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la ANMAT y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

También se espera que continúe la revisión del Instituto Nacional del Cáncer, aunque su reglamentación sigue pendiente. Los ministerios de Salud, Capital Humano y Economía serán los más afectados por estas reformas.
Desde el Gobierno reconocen que cada decreto tendrá un riguroso análisis legal, lo que podría demorar su implementación antes del vencimiento de las facultades delegadas. Además, la agenda podría verse impactada por el feriado y la posible detención de Cristina Kirchner, según fuentes oficiales.
En cuanto al personal estatal, en el último año se redujo de 322.000 a 292.000 empleados, y se mantiene congelado el salario de altos funcionarios desde diciembre de 2023. Por su parte, los monotributistas siguen reclamando actualizaciones salariales que no se aplican desde octubre.
Finalmente, queda en duda el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, cuyo rol podría limitarse a funciones consultivas una vez que terminen las facultades especiales otorgadas por la Ley Bases.
