La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, participó de una reunión en el Senado con la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), encabezada por Walther Marcolini, junto al subsecretario de Seguridad, Marcelo D'Agostino. Allí presentó los avances del Plan Regional de Seguridad de Cuyo y los principales ejes de la reforma del fuero penal en la provincia.
En relación con el Plan Regional de Seguridad, Rus destacó el convenio con San Juan que dio origen a la primera Zona de Control Unificada. Este sistema ya logró la interoperabilidad de bases de datos con San Luis y San Juan, permitiendo que las alertas por vehículos robados o personas con pedido de captura se activen simultáneamente en las tres provincias.
Además, anticipó la implementación de controles unificados en los límites interprovinciales, con lectores de patentes, sistemas biométricos y presencia policial permanente. El objetivo, subrayó, es avanzar hacia un anillo de seguridad regional que combine mayor prevención del delito con mayor fluidez en los traslados.

Respecto a la reforma del fuero penal, la funcionaria explicó que el proyecto apunta a agilizar audiencias, redistribuir la carga de trabajo entre tribunales y mejorar la respuesta judicial frente a delitos como robos simples o hurtos, que requieren resoluciones rápidas.
Entre los cambios propuestos se incluyen la incorporación de ayudantes fiscales y co-defensores, la extensión de horarios para evitar suspensiones, la publicación de agendas como medida de transparencia y un sistema automático de reemplazo de magistrados. También se prevé el uso de conexión virtual para los traslados de detenidos, a fin de evitar demoras por cuestiones logísticas.
El diagnóstico actual del fuero penal mostró una marcada desigualdad en la distribución de causas: mientras 36 jueces penales colegiados tramitan cerca de 20.000 expedientes anuales, los tribunales de juicio manejan apenas 1.800. La reforma busca equilibrar esa carga y lograr procesos más eficientes y ágiles.
Finalmente, Rus remarcó que estas iniciativas forman parte del Plan Integral de Seguridad, que articula el trabajo de la Policía, el Servicio Penitenciario y la Justicia, incorporando patrulleros, videovigilancia y nuevas tecnologías. “La meta es que los esfuerzos en seguridad se traduzcan en resultados concretos”, concluyó.

