CONFLICTO EN PUERTA
A dos meses de la privatización, la relación entre IMPSA y el Gobierno nacional atraviesa su primer conflicto grave: la Nación adeuda 18 millones de dólares correspondientes a contratos vigentes. El retraso en los pagos generó un fuerte impacto en la operatividad de la firma y ya motivó la intervención diplomática de Estados Unidos.
La deuda está vinculada a tres proyectos clave: la provisión de turbinas para Yacyretá, componentes del reactor nuclear CAREM 25 y el desarrollo del Tanque Argentino Mediano (TAM) 2C. La falta de desembolsos fue uno de los factores que obligó a la empresa a fraccionar el pago de aguinaldos y a iniciar un proceso de reducción de personal.
Desde IMPSA explican que lo que falta es liquidez operativa. Pese a que ya desembolsó cerca de 7 millones de dólares para iniciar la capitalización y presentó un plan para reestructurar 560 millones de deuda, la empresa no puede sostener operaciones sin los pagos que corresponden a esos contratos con distintas áreas del Estado.
Tanto el Gobierno de Mendoza como el norteamericano siguen de cerca el conflicto. Si no se resuelve, existe el riesgo de que se cancelen los contratos, lo que abriría la puerta a acciones legales contra el Estado argentino.
En paralelo, la firma apuesta a ganar una licitación en EE.UU. para construir grúas portuarias. Ese posible contrato, previsto para 2026, podría significar una salida financiera si el conflicto con Nación no se resuelve en el corto plazo.
