REVÉS JUDICIAL
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 rechazó este viernes una medida cautelar presentada por organizaciones no gubernamentales ambientalistas, que buscaban garantizar la participación oral total en las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares, actualmente en debate en la Cámara de Diputados.
La resolución fue firmada por el juez Enrique Regeuira, quien consideró que no se acreditaron los requisitos necesarios para suspender el mecanismo definido por el Congreso.
La controversia se originó luego de que los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, resolvieran limitar la participación oral a los primeros inscriptos de cada provincia. La decisión respondió a la alta convocatoria, que superó las 70 mil personas registradas.
En ese contexto, quienes no puedan exponer de manera presencial deberán enviar sus ponencias por escrito o mediante un video al canal oficial de YouTube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN).
Desde el sector ambientalista cuestionaron la medida al considerar que restringe los estándares de participación pública ambiental. Sin embargo, el magistrado descartó ese planteo en los fundamentos del fallo.
Según explicó, la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca” con el nivel de evidencia requerido para suspender un acto parlamentario, destacando además la presunción de validez de las decisiones institucionales.
En la misma línea, el juez sostuvo que la prueba presentada no evidencia “vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta” de las autoridades legislativas.
Tras conocerse la decisión, el diputado Nicolás Mayoraz celebró el fallo a través de su cuenta en la red social X, donde apuntó contra las organizaciones impulsoras de la cautelar.
“La justicia federal rechazó el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26 de marzo”, afirmó, al tiempo que defendió la legitimidad del proceso de participación ciudadana en el tratamiento de la iniciativa.
