GOBIERNO NACIONAL
El Gobierno promulgó este martes la Ley N° 27.795, que crea un nuevo régimen de financiamiento universitario y recomposición salarial para docentes y no docentes, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica en todo el país por un año. Sin embargo, ambas quedaron suspendidas hasta que el Congreso establezca las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
La medida fue oficializada mediante los decretos 759 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Según el Ejecutivo, la decisión responde al alto costo fiscal que implicaría su aplicación inmediata, que estiman en más de un billón de pesos solo en el caso del financiamiento universitario.
La ley universitaria contempla la actualización automática del presupuesto según la inflación y mejoras salariales equivalentes al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de incorporar sumas no remunerativas al salario básico. En tanto, la ley de emergencia pediátrica busca garantizar el acceso a la atención infantil y fortalecer los hospitales públicos y las residencias médicas.
El Gobierno argumentó que el Congreso no definió las fuentes de financiamiento, por lo que la aplicación de las leyes “queda en suspenso hasta que se incluyan las partidas correspondientes”.
Se trata del tercer caso en un mes en el que el Ejecutivo promulga una norma pero posterga su ejecución por falta de recursos, como ocurrió anteriormente con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
