Justicia
Pese a haber ordenado la remisión de todo el material relevado por la Dajudeco para su destrucción, Servini volvió sobre sus pasos ante el pedido de apartamiento de los camaristas y la apelación a Casación de la restricción en las medidas de prueba, una cuestión polémica porque daba la razón a los imputados respecto a la extensión de la medida. Ordenó "continuar el informe oportunamente encomendado", hasta tanto "se encuentre firme lo resuelto" por la Cámara. Como viene haciendo desde un comienzo de la investigación, la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse atacó a Servini: apeló este último decreto de la jueza, la acusó por "desobediencia" y alertó que podría concurrir a tribunales internacionales por los derechos supuestamente vulnerados ante la reanudación del peritaje, que no involucra el aparato del expresidente, sino el listado de llamadas durante el plazo determinado por la jueza entre 2016 y 2019. "Manifiesta y grosera desobediencia", adjetivó en 10 carillas, a la que agregó el peligro de un supuesto "alzamiento" de la magistrada respecto al tribunal superior.
Lo cierto es que por la apelación de Beraldi, ni Irurzun -que fue fotografiado tomando un café con Rodríguez Simón y alentó las especulaciones respecto de si él mismo podría llegar a tener un contacto telefónico con uno de los imputados que pudieran surgir de los cruces-, ni Bruglia están habilitados para actuar en el expediente. Al menos hasta que se defina si deben ser apartados. En el caso de Bruglia se objeta también su irregular traslado que el Consejo de la Magistratura remitió al Ejecutivo para que el Senado preste o no acuerdo para afianzar su cargo. En paralelo, la Sala III de Casación es la que tiene radicada la causa para resolver si ratifica o revoca la decisión de la Cámara.
Hasta tanto haya definiciones, Servini siguió adelante con su decreto del 6 de julio pasado, cuando ordenó a la Dajudeco obtener el listado de llamadas entrantes y salientes de Macri, Rodríguez Simón, José Torello, Mario Quintana, Leandro Cuccioli, Alberto Abad (sobre el que está pedida la indagatoria) y otros empresarios para confirmar fechas y ubicaciones en momentos clave donde se presume que se ejercieron presiones sobre los accionistas de Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Y en fechas cercanas para establecer el patrón de comunicaciones respecto de decisiones que puedan haber influido en el desarrollo judicial de las causas y en la AFIP.
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