Condenada
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.
En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema, los abogados defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de la exvicepresidenta por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario en San José 1111, donde vive ahora.
El juez de ese tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados en la causa Vialidad para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar presos, mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.
Por su lado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola firmaron una solicitud de "inmediata detención" de CFK, porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.
Poco después ingresó el requerimiento de domiciliaria, donde se alude a la edad de Cristina (72 años), además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de exmandataria.
"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados.
“Dejarla presa en una cárcel común ”, de alguna manera es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.
El eventual traslado a una cárcel derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".
Por ello se pidió el arresto en una vivienda y sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es "completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
