El Gobierno de Mendoza oficializó la promulgación de la “Ley Hojarasca II”, una iniciativa que deja sin efecto más de 90 normas provinciales que habían quedado obsoletas. La medida busca actualizar la legislación vigente y reducir regulaciones que ya no tienen aplicación práctica.
La propuesta forma parte de un proceso de revisión normativa que comenzó en 2025 con la primera Ley Hojarasca, cuando se eliminaron 75 leyes antiguas. En esta segunda etapa, la Legislatura analizó normas sancionadas entre 1950 y 1975, de las cuales finalmente 91 fueron derogadas.

El proyecto fue desarrollado por el equipo técnico del Senado provincial que responde a la vicegobernadora Hebe Casado, con el objetivo de simplificar el entramado legal y avanzar en la modernización del funcionamiento del Estado.
Dentro del conjunto de normas eliminadas aparecen disposiciones que habían quedado completamente desactualizadas, como una que establecía un vino con precio regulado para los restaurantes, otra que ordenaba elaborar pan económico en la penitenciaría provincial, y también reglas que fijaban horarios obligatorios para los comercios o regulaban catálogos físicos de la Biblioteca Legislativa. Estas disposiciones habían perdido vigencia frente a los cambios económicos, tecnológicos y administrativos.



