PROGRAMA PROVINCIAL
Hay casas habitadas hace más de veinte años que nunca dejaron de ser una promesa. En Mendoza, miles de familias viven en sus hogares sin contar con el título de propiedad que lo certifique. La vivienda está, pero el derecho no. A esa zona gris apunta Mi Escritura, un programa provincial que busca regularizar de manera masiva la situación dominial de quienes recibieron una vivienda social a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o alguna entidad intermedia.
Impulsado por el Ejecutivo y sancionado por la Legislatura, el programa permitirá a unas 40.000 familias acceder finalmente a la escritura de su hogar. No es un trámite más. Es un acto de justicia social, una solución diseñada con una mirada sensible y eficaz, que apunta a que el acceso a la seguridad jurídica no dependa del bolsillo ni del azar, sino de una decisión estatal.
Una firma, muchos derechos
La titularidad legal de una vivienda habilita mucho más que el derecho a heredar: permite planificar, mejorar, ampliar, vender, acceder a un crédito o dejar algo en regla para los hijos. Por eso, el objetivo del programa es claro: garantizar que esas familias puedan vivir con certezas.
El proceso fue diseñado para ser ágil, accesible y sin barreras. Se eliminan tasas y contribuciones que suelen entorpecer la regularización, se celebran convenios con municipios, colegios profesionales y organismos técnicos para reducir costos, y se adaptan los mecanismos de pago a la realidad de cada beneficiario. La escritura ya no será un lujo inalcanzable.
Avances concretos
La ley 9632, que da marco legal a Mi Escritura, ya está en marcha. En junio, comenzaron las reuniones técnicas y se firmaron los primeros convenios con los departamentos de Junín, Tunuyán, San Martín, General Alvear, Rivadavia y Las Heras. También se acordó el acompañamiento de instituciones gubernamentales como AYSAM e Irrigación.
En Junín, por ejemplo, el acuerdo fue rubricado el 27 de junio por el intendente Mario Abed, el director del IPV, Héctor Ruiz, y el coordinador de la Unidad Ejecutora, Sergio Miranda. Allí, el municipio se comprometió a eximir tasas y a destinar personal capacitado para brindar acompañamiento personalizado a quienes inicien el trámite.
Inclusión, sin condiciones
Una de las características destacadas del programa es que no deja a nadie atrás. Aquellos que hayan cancelado su vivienda pero mantengan deudas menores o trámites inconclusos, también podrán avanzar. Si reconocen la deuda y se comprometen al pago, podrán escriturar.
Además, se eliminan costos como el Certificado de Libre Deuda o la inscripción registral, y se prevé la asistencia técnica del IPV a través de la Unidad Ejecutora y la Dirección de Bienes Registrables del Estado.
“El programa nos permite concretar un derecho postergado. Trabajamos con cada municipio para que el proceso sea rápido, accesible y transparente”, señaló Héctor Ruiz, director del IPV.
El objetivo final es que los 18 departamentos de Mendoza se sumen a esta red de colaboración, para que ninguna familia quede excluida por vivir lejos de la capital o por no contar con recursos económicos.
