Milei disolvió Vialidad Nacional y creó una nueva agencia de control del transporte
El Gobierno nacional dio un paso decisivo en su plan de achicamiento del Estado: resolvió disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). A la vez, se confirmó la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Todos estos organismos eran descentralizados y dependían de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La medida, que venía siendo anticipada, se formalizará con un decreto presidencial que será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial.
El nuevo ente pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y será la Autoridad de Aplicación para todo lo vinculado con la fiscalización de concesiones viales y los servicios públicos de transporte.
Las principales funciones
- Fiscalizar contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación del transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas.
- Realizar inspecciones in situ, solicitar documentación técnica y exigir información a operadores y concesionarios.
- Controlar la ejecución de contratos de concesión vial, en articulación con los entes de licitación, para garantizar la separación de funciones.
- Velar por la continuidad del servicio y la seguridad de las personas transportadas.
- Aplicar sanciones legales y contractuales ante incumplimientos.
- Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes.
- Atender y gestionar quejas, reclamos y denuncias de los usuarios del sistema de transporte.
- Realizar investigaciones técnicas e impulsar mejoras en calidad, eficiencia y seguridad operativa.
- Cobrar y fiscalizar tasas, aranceles y derechos, con supervisión de la Secretaría de Hacienda.
- Proponer la suspensión o caducidad de permisos y licencias.
- Intervenir en accidentes ferroviarios de relevancia o en cruces a nivel.
- Solicitar auxilio de la fuerza pública, cuando sea necesario, y resolver conflictos sobre el modelo de acceso abierto en concesiones ferroviarias.
- Supervisar programas de mantenimiento de infraestructura y material rodante.
Según el Poder Ejecutivo, la decisión se enmarca en la potestad del Estado nacional de modificar, eliminar o reorganizar funciones y estructuras, cuando su mantenimiento sea innecesario. También se habilita la posibilidad de centralizar, fusionar, disolver o transferir competencias a provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el debido respaldo presupuestario.