JUDICIAL
El Gobierno de Javier Milei decidió escalar el conflicto judicial por la reforma laboral y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de destrabar la aplicación de la norma, actualmente frenada por una medida cautelar.
La estrategia oficial busca que el máximo tribunal intervenga de forma directa mediante un per saltum, una herramienta excepcional que permite evitar instancias intermedias y acelerar la resolución del caso.
La cautelar cuestionada había suspendido artículos clave de la reforma, entre ellos cambios en el régimen de indemnizaciones, modificaciones en la jornada laboral y restricciones a la actividad sindical.
El Gobierno intenta así revertir la decisión judicial que frenó parcialmente la Ley 27.802 y recuperar su vigencia plena, al considerar que la medida genera un perjuicio institucional y económico.
Desde el Ejecutivo sostienen que la intervención de la Corte es el único camino para evitar un mayor impacto del fallo y aseguran que la apelación en curso no alcanza para frenar la suspensión de la norma.
El planteo oficial también cuestiona el proceso judicial que derivó en la cautelar, al que atribuye irregularidades vinculadas con plazos, notificaciones y acceso al expediente. Además, critica la actuación del juzgado que intervino en primera instancia.
Otro de los puntos centrales del recurso es la legitimidad de la demanda presentada por la CGT, a la que el Gobierno cuestiona por representar de manera general a los trabajadores sin acreditar un perjuicio concreto.
El caso ahora quedó en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si acepta intervenir de manera directa y cómo continúa el tratamiento de la reforma laboral.
