Milei profundizó el avance contra mujeres y trans, con un nuevo control ético en la salud
El Gobierno nacional oficializó la creación de la Comisión Nacional de Bioética, un nuevo organismo que reemplaza a la Comisión Nacional de Ética Biomédica, vigente desde 1998, y que funcionará bajo la órbita directa del Ministerio de Salud.
La medida, dispuesta mediante el Decreto 893/2025, se inscribe en un contexto de retrocesos en políticas de género y diversidad, y despierta preocupación por su impacto directo sobre los derechos sanitarios de mujeres y personas trans.
La iniciativa se presenta como parte de la narrativa oficial de “defensa de la vida” y “reconstrucción institucional”, pero para organizaciones feministas y de derechos humanos implica un endurecimiento del control ético estatal sobre decisiones vinculadas a la autonomía corporal, la salud sexual y reproductiva, y el acceso a tratamientos de afirmación de género.
Un nuevo organismo con poder concentrado
Según el decreto, la Comisión Nacional de Bioética tendrá como función asesorar al Poder Ejecutivo y a otros organismos del Estado en dilemas bioéticos, acreditar comités de ética en investigación, emitir recomendaciones sobre nuevas tecnologías y promover la formación en la materia. Estará presidida por el Ministro de Salud y sus integrantes trabajarán ad honorem, lo que refuerza su dependencia directa del Ejecutivo.
La disolución de la Comisión Nacional de Ética Biomédica implica el cierre de un espacio que históricamente abordó la bioética desde una perspectiva plural, con foco en la dignidad humana, la equidad en el acceso a la salud y la protección de derechos. Su reemplazo por un organismo rector centralizado modifica el equilibrio institucional en un área particularmente sensible para mujeres y diversidades.
Aborto legal, en retroceso
La creación de la Comisión no puede leerse de manera aislada. Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno cuestionó abiertamente la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en 2020, y manifestó su intención de derogarla. Mientras tanto, el acceso al aborto legal enfrenta restricciones crecientes por recortes presupuestarios, faltante de insumos y desfinanciamiento de políticas de salud sexual y reproductiva.
En ese escenario, la bioética aparece como una herramienta para relegitimar decisiones políticas que afectan principalmente a mujeres y personas gestantes, bajo el discurso de la protección de la vida, pero con consecuencias concretas sobre la autonomía y el derecho a decidir.
Salud trans, bajo vigilancia
Otro eje central del debate es el impacto sobre la salud integral de personas trans. En febrero de 2025, el Gobierno nacional modificó por decreto la Ley de Identidad de Género y prohibió los tratamientos de hormonización y cirugías de afirmación de género en menores de 18 años, además de excluir estas prácticas del Plan Médico Obligatorio.
La medida, presentada como una política de “protección de las infancias”, fue rechazada por organizaciones LGBTIQ+ y organismos de derechos humanos, que advirtieron sobre un retroceso en el acceso a la salud, el aumento de la vulnerabilidad y la estigmatización de las identidades trans.
En ese marco, la Comisión Nacional de Bioética aparece como un instrumento institucional clave para legitimar restricciones en nombre de criterios éticos definidos por el Ejecutivo, sin garantías de participación real de los colectivos afectados.