Congreso
Además, habilita la “objeción de conciencia” por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, y ayer se agregó en el dictamen la admisión a nivel institucional. En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal y en los casos de adolescentes de entre 13 y 16 se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento.
Si bien la iniciativa no incorporó la objeción de conciencia institucional, como reclamaban sectores autodenominados “provida”, ya que desde el bando “verde” consideran que las instituciones no tienen “conciencia”, en la letra anterior se obligaba a que al menos un profesional de la nómina estuviera disponible para realizar las prácticas de aborto en caso de que una paciente lo solicitase. Con la última modificación, se permite que una institución médica pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscritos como objetores de conciencia, en cuyo caso deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y sin dilaciones, a partir de convenios previamente estipulados con otros efectores de salud.
Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total. Hasta el momento, se cuentan unos 123 diputados a favor del proyecto, 109 en contra y 24 indefinidos, aunque se requieren 129 votos para aprobar la iniciativa y girarla al Senado. El presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, anticipó que “se tomaron modificaciones que ya plantearon desde el Senado para que llegue allí con consenso. El proyecto toma en cuenta planteos de votos que fueron negativos en 2018”.
Los diputados que aún no dieron a conocer su voto son el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, quien presentó un proyecto para convocar a un plebiscito; la ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci; el cordobés Carlos Gutiérrez; el radical Martín Berhongaray; y Mariana Zuvic, una dirigente de la Coalición Cívica cercana a Elisa Carrió. Otros de los diputados que aparece como indefinidos son Martín Soria, del Frente de Todos; y la joven radical y militante de la Franja Ximena García, aunque voceros parlamentarios afirmaron que “se inclinarán a votar a favor del aborto legal”. En caso de confirmarse ese número, los votos a favor estarían sumando 125, es decir cuatro menos de la mayoría absoluta.
En tanto, los diputados “celestes” confían en que varios diputados que figuran como indecisos finalmente votarán en contra del aborto legal y que algunos que están a favor lo harán en contra, como sucedió con la correntina Sofía Brambranilla y Aída Ayala. La lista de indecisos la completan los diputados oficialistas de Santiago del Estero Daniel Brue, María Luis y Ricardo Daives; las formoseñas Nelly Ramona Daldovo y Graciela Parola, los bonaerenses Héctor Fernández, Liliana Yambrun y Ramiro Gutiérrez, el sanjuanino Francisco Guevara, el catamarqueño Dante López Rodríguez, y el puntano Carlos Ponce. Tampoco informó su voto el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini, y la legisladora Alejandra Vigo, quien en la votación del 2018 se abstuvo.
Ayer presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, advirtió que el aborto “es descarte” y pidió a los legisladores “un segundo de reflexión antes de votar” la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. “Le pedimos a los legisladores antes de votar un segundo de reflexión frente a lo que significa el respeto a la vida y tantas personas que van a ser privadas de la luz y que pueden enriquecer nuestro mundo y llenarnos de esperanza”, sostuvo el obispo de San Isidro. A través de un video, el prelado añadió: “Usemos este silencio pidiendo verdaderamente al Señor luz para todos aquellos que tienen la responsabilidad en este momento”. “El papa Francisco nos ha hablado en reiteradas oportunidades de la cultura del descarte”, recordó Ojea, quien alertó sobre la “total desprotección” del niño por nacer.
Además, las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmaron dictamen a favor del proyecto de los “1.000 días”, que crea un régimen de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia. En este programa de acompañamiento a la maternidad desde el embarazo hasta los primeros años de vida del niño se destaca la creación de una Asignación por Cuidado de Salud Integral.
Es una nueva asignación universal que consiste en el otorgamiento de tres pagos anuales consecutivos por cada niño o niña menor de 3 años de edad que se encuentre a cargo de la persona gestante. A su vez, la asignación universal por embarazo, que se abonaba mensualmente en seis períodos, pasará a pagarse en 9 mensualidades.
En tanto, se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio. Esto significará que las asignaciones por nacimiento o adopción abarcarán no sólo a hijos de asalariados sino además de padres desempleados o con trabajo no registrado.
