PRESUNTA CORRUPCIÓN
La Justicia federal de Lomas de Zamora llevó adelante en las últimas horas un allanamiento en las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una investigación por presuntos vínculos espurios con empresas proveedoras de alimentos en mal estado destinados a personas privadas de la libertad.
La medida fue ordenada por el juez federal Federico Villena, quien investiga una supuesta cartelización del servicio de alimentación en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. La hipótesis judicial sostiene que el SPF habría permitido la continuidad de empresas sancionadas mediante el uso de firmas pantalla, con el objetivo de eludir resoluciones judiciales previas.
El procedimiento estuvo atravesado por una fuerte tensión cuando Martínez intentó evitar el secuestro de su teléfono celular. De acuerdo con fuentes del caso, el funcionario entregó inicialmente un dispositivo antiguo y en desuso y, al ser intimado para que aporte el aparato que utiliza habitualmente, aseguró haberlo “extraviado” esa misma mañana.
No obstante, un informe técnico incorporado a la causa reveló que la última señal del teléfono supuestamente perdido impactó en una antena ubicada en Barracas, apenas una hora antes del allanamiento. Este dato llevó al magistrado a sospechar que el director del SPF habría recibido una filtración previa y que el dispositivo fue destruido deliberadamente para ocultar pruebas.
El negocio de la comida contaminada
La causa se originó a partir de denuncias por alimentos en mal estado suministrados en el penal de Ezeiza, donde peritajes realizados por la ANMAT confirmaron la presencia de bacterias Escherichia coli en niveles no aptos para el consumo humano.
Tras la prohibición judicial para que la empresa Foodrush continúe operando, el juez Villena detectó que la nueva prestataria, Bio Limp, utilizaba los mismos camiones, el mismo personal y facturaba sumas millonarias a la firma previamente sancionada, lo que refuerza la sospecha de que funcionaba como una fachada empresarial.
En un hecho inusual, el propio juez Villena llegó a probar personalmente los alimentos provistos en la cárcel y luego sufrió una descompensación, que describió en el expediente como un cuadro “vomitivo”, lo que agravó la gravedad institucional del caso.
Vínculos, poder y trasfondo político
Fernando Martínez asumió como director del Servicio Penitenciario Federal en marzo de 2024, tras ser designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante su gestión, el SPF pasó formalmente de la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, en diciembre de 2023.
Otro elemento que despertó la atención de los investigadores es que el funcionario se movilizaba en una camioneta secuestrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada, actualmente prófugo de la Justicia.
Si bien la fiscal Cecilia Incardona solicitó la nulidad del operativo, el juez Villena cuenta con el respaldo político de la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien expresó su predisposición a colaborar con la investigación.
La causa apunta a desarticular lo que el magistrado define como “mafias enquistadas desde hace muchos años” en el sistema penitenciario federal, un entramado que combina corrupción, negocios millonarios y responsabilidades políticas en uno de los sectores más sensibles del Estado.
