El Gobierno nacional avanzó con una denuncia penal ante la Justicia federal contra el gremio de controladores aéreos ATEPSA, al considerar que el paro en los aeropuertos del país puso en riesgo la seguridad operacional del sistema de navegación aérea. La presentación fue realizada por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Según el escrito judicial, la medida de fuerza generó demoras y reprogramaciones que impactaron en más de 24.000 pasajeros durante su primera jornada. EANA sostuvo que la protesta excedió el plano gremial y derivó en conductas potencialmente peligrosas para pasajeros, tripulaciones y personal técnico.
Uno de los puntos centrales de la denuncia fue la colocación de banderas en torres de control, una acción que, de acuerdo al organismo, obstaculizó tareas esenciales y pudo haber provocado un incidente grave si alguno de esos elementos se desprendía durante las operaciones aéreas.

La causa quedó radicada en la Justicia federal bajo la figura de averiguación de delito contra la seguridad de la aeronavegación. En la presentación, EANA aportó material fotográfico y documentación para respaldar los riesgos denunciados y solicitó que se investiguen eventuales responsabilidades penales.
Desde ATEPSA, en tanto, defendieron la huelga y aseguraron que responde a reclamos salariales, reincorporación de trabajadores despedidos y mejoras en las condiciones laborales. El gremio ratificó que las medidas de fuerza continuarán durante diciembre, en coincidencia con el inicio de la temporada turística.
El conflicto se desarrolla en un contexto de alto movimiento aéreo, con paros escalonados que ya provocaron demoras, reprogramaciones y cancelaciones parciales en vuelos nacionales. La situación volvió a abrir el debate sobre el límite de las protestas sindicales en servicios considerados esenciales.



