Legislatura
La administración provincial ha remitido dos propuestas a la Legislatura, enfocadas en la reforma del régimen de extinción de dominio y la creación de un fondo permanente dedicado a la infraestructura escolar. La revisión del marco legal para la acción civil de extinción de dominio, incluida en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia, busca optimizar su efectividad. Esta reforma proporcionará a los magistrados un mecanismo para transferir bienes derivados de actos corruptos al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, beneficiando a estudiantes de instituciones públicas.
Esta nueva medida intensifica el combate contra la corrupción, estableciendo que los acusados en juicios civiles deben demostrar la procedencia legítima de fondos usados en la adquisición de ciertos activos. De no lograrlo, dichos bienes revertirán al Estado de forma expedita. A través de un fallo justificado y bajo ciertos criterios, el gobernador Alfredo Cornejo propone la asignación directa de los bienes, cuyo dominio se ha extinguido, a la DGE, la cual, en un plazo máximo de 90 días hábiles, deberá informar al Tribunal sobre el uso final de estos activos.
El procedimiento civil para la extinción de dominio, instaurado hace seis años, se presenta como una estrategia contra la corrupción, destacando por su rapidez y enfoque en los activos fruto de delitos.
La Ley N° 9151, específica de Mendoza, resalta la dificultad previa en la recuperación de dichos bienes, permitiendo que acusados y convictos los disfrutasen hasta la emisión de un veredicto penal definitivo, un proceso que podría extenderse por décadas. La ley busca su protección y mantenimiento para evitar la depreciación y permitir su uso en actividades educativas.
Por otro lado, la propuesta para el establecimiento del Fondo Permanente de Infraestructura Escolar sugiere la creación de este fondo, como lo dicta el artículo 212 inciso 11 de la Constitución de Mendoza. Se busca agilizar la venta de propiedades inmuebles y muebles, así como de capitales y activos financieros provenientes de herencias vacantes, destinando los recursos exclusivamente a la compra de terrenos y al desarrollo, reparación, mantenimiento y equipamiento de instalaciones educativas. Este enfoque estratégico apunta a fortalecer la infraestructura educativa provincial.
La recuperación de propiedades inmobiliarias ocupadas ilegalmente o abandonadas se inscribe dentro de las acciones emprendidas por el gobierno escolar, con el fin de facilitar un proceso de venta eficiente y sin retrasos innecesarios. Los fondos generados permitirán financiar obras de infraestructura y responder a emergencias o necesidades imprevistas, mejorando significativamente la operatividad y calidad del sistema educativo mendocino.
