El presidente encargado de Perú, José Jerí, afronta un pedido de destitución en el Congreso por presunto tráfico de influencias, a solo dos meses de las elecciones presidenciales previstas para abril. De concretarse su salida, el país sumaría otro cambio de liderazgo en un escenario marcado por la inestabilidad institucional.
Jerí asumió de forma interina en octubre tras la salida de Dina Boluarte, quien había llegado al poder luego de la destitución de Pedro Castillo en 2022. Desde entonces, su gestión quedó atravesada por controversias y cuestionamientos, lo que debilitó su respaldo político.
La Fiscalía investiga al mandatario por supuestas reuniones reservadas con empresarios contratistas del Estado, lo que generó sospechas de irregularidades. También se conocieron denuncias por presuntos favores políticos y designaciones vinculadas a su entorno, aunque el presidente negó todas las acusaciones.

En el Congreso, la discusión se centra en el mecanismo para removerlo. Algunos sectores impulsan una vacancia presidencial, que requiere una mayoría calificada, mientras otros proponen una censura, que podría aprobarse con menos votos. La decisión dependerá del equilibrio de fuerzas dentro del Parlamento.
La crisis también refleja una fuerte interna en la derecha peruana. Dirigentes como Rafael Lopéz Aliaga y Keiko Fujimori disputan el liderazgo de ese espacio de cara a las elecciones. Analistas consideran que el futuro de Jerí está condicionado por estos cálculos electorales.
Si finalmente es removido, el Congreso deberá definir quién encabezará la transición hasta el cambio de gobierno. Entre los nombres mencionados aparece Maricarmen Alva, una dirigente que genera rechazo en sectores opositores y podría provocar nuevas protestas sociales.
En este contexto, Perú atraviesa una nueva etapa de incertidumbre política, con un sistema institucional tensionado y una ciudadanía cada vez más crítica frente a la sucesión de crisis en el país andino.



