MINERÍA BAJO LA LUPA
La diputada Gabriela Lizana, integrante del bloque Renovador Mendoza Línea Nacional, presentó en los últimos días un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la provincia, a través del cual solicita que el Ministerio de Energía y Ambiente informe sobre presuntas irregularidades en la convocatoria a la audiencia pública del proyecto de impacto ambiental “PSJ Cobre Mendocino”, presentado por la empresa Minera San Jorge S.A.
La audiencia fue convocada mediante un aviso publicado el 27 de junio de 2025. Sin embargo, según denuncias públicas y advertencias de sectores sociales, la forma en que se organizó el proceso ha despertado serias preocupaciones por su presunta falta de transparencia, neutralidad y accesibilidad.
Entre los cuestionamientos centrales se destaca el lugar elegido para llevar adelante la audiencia: “las inmediaciones del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino”, indicado mediante coordenadas GPS. Según Lizana, esto sugiere que se trata de un predio bajo control de la propia empresa proponente, lo que podría vulnerar el principio de neutralidad exigido tanto por la Ley Provincial 7722 como por el artículo 7 del Convenio de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la información y participación pública en asuntos ambientales.
Sin una dirección física clara ni accesible
La diputada también alertó sobre la falta de una dirección física clara ni accesible, y la exigencia de una inscripción previa por formulario virtual. Esto sostiene y excluye a sectores de la población, especialmente a comunidades locales y personas con acceso limitado a tecnologías digitales, contraviniendo el derecho a la participación ciudadana consagrado en el artículo 20 de la Ley General del Ambiente (Ley Nacional 25.675) y en estándares internacionales de justicia ambiental.
“El proceso, tal como ha sido planteado, atenta contra la equidad en el acceso a la información y participación pública. Medios locales y organizaciones sociales han advertido que podría tratarse de una maniobra para reducir la visibilidad de las voces opositoras al proyecto”, expresó Lizana.
En su propuesta, la legisladora pide al Ministerio que, en el plazo legalmente establecido, informe sobre:
Los fundamentos legales y técnicos que justificaron la elección del lugar físico de la audiencia, y su vínculo con los predios de la empresa Minera San Jorge S.A.
Las medidas adoptadas para garantizar la neutralidad del espacio, la accesibilidad física y la posibilidad de participación sin restricciones arbitrarias, como la inscripción obligatoria o el predominio de plataformas virtuales.
Si se han recibido denuncias formales por vicios en la convocatoria, y en ese caso, qué acciones se han tomado al respecto.
La diputada concluyó que, de confirmarse las irregularidades, el proceso debe ser suspendido y reformulado de manera urgente para ajustarse a la normativa ambiental vigente y a los principios democráticos de participación ciudadana.
