CONFLICTO
La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) cuestionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar el sistema de contribuciones obligatorias que financia el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y analiza recurrir a la Justicia para frenar la medida.
Desde la entidad sostienen que el esquema vigente cuenta con respaldo legal y que una resolución administrativa no puede modificar una normativa establecida por ley.
Defensa del sistema y advertencia legal
El presidente de Coviar defendió la continuidad del modelo de financiamiento y afirmó que el plan estratégico no está vencido, sino en proceso de actualización dentro del horizonte vigente.
En ese sentido, remarcó que la entidad tiene facultades para sostener y renovar el esquema mientras se cumplan los objetivos establecidos.
La definición sobre una eventual acción judicial quedará en manos del directorio del organismo.
Cuánto dinero recibe la Coviar
Uno de los puntos centrales del conflicto es el financiamiento del sistema, que se sostiene a partir de aportes obligatorios de la cadena vitivinícola.
Las contribuciones se calculan por litro producido, fraccionado y exportado:
- $0,79 por litro de vino común en botella
- $1,19 por litro de vino fraccionado con denominación de origen
Según datos del sector, en 2025 la Coviar habría recibido alrededor de U$S 1,1 millón, equivalente a unos $1.540 millones.
Críticas al impacto de la medida
Desde la conducción del organismo sostienen que la contribución representa un porcentaje mínimo dentro de la estructura de costos del sector y que su eliminación afecta la planificación de políticas comunes.
También advierten que el funcionamiento del sistema depende del acceso a información oficial sobre producción y ventas, sin la cual se dificulta la recaudación.
Fin del esquema del PEVI
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del aporte obligatorio mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece el fin del financiamiento del Plan Estratégico Vitivinícola y otorga un plazo de hasta tres meses para la presentación de un informe final con rendición de cuentas, uso de fondos y resultados del programa.
Con esta decisión, el Ejecutivo da por concluido el esquema de financiamiento del PEVI y abre un nuevo escenario en la relación entre el Estado y la industria vitivinícola.
