El Gobierno nacional presentó este jueves un proyecto de ley orientado a modificar el actual régimen fiscal. Denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, la propuesta fue enviada al Congreso de la Nación y forma parte de un paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo.
El anuncio se realizó en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada, con la participación del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert.
Según indicaron, el texto legislativo apunta a introducir un cambio de enfoque respecto a la relación entre el fisco y los contribuyentes, con eje en la presunción de inocencia y la reducción de las causas penales por cuestiones impositivas.
“El proyecto incluye dos esquemas: uno vinculado al régimen general y otro al simplificado del impuesto a las ganancias”, explicó Pazo. Entre otros puntos, contempla la modificación de umbrales de evasión, lo que implicaría, según estimaciones oficiales, una baja considerable en la cantidad de causas penales activas. De aproximadamente 7.000 procesos vigentes, quedarían alrededor de 200 en curso bajo los nuevos criterios.

La propuesta también establece un procedimiento para que los ciudadanos puedan regularizar su situación fiscal mediante el pago de lo adeudado, sin derivaciones penales. “Instamos a adherirse al régimen. Es sencillo: te adherís, pagás y te despreocupás”, señaló el funcionario.
Por su parte, Espert señaló que el contenido del proyecto supone una modificación del paradigma tributario actual, al sustituir el modelo que, según describió, “presuponía culpabilidad” por uno basado en la presunción de inocencia. En ese sentido, sostuvo que el Estado deberá acreditar irregularidades en lugar de que el contribuyente deba demostrar permanentemente el origen de sus fondos.
Durante el anuncio, también se informó que 14 provincias ya adhirieron al esquema fiscal promovido por el Gobierno, y que otras dos firmarían próximamente.
Respecto a la discusión parlamentaria, Espert planteó que el debate implicará una definición política sobre el rumbo del sistema impositivo: “Los legisladores tendrán que optar entre acompañar este proyecto o mantener el esquema vigente. No hay punto medio”, afirmó.
Los impulsores del proyecto indicaron que se trata de una medida orientada a disminuir la informalidad, reducir la carga judicial en materia tributaria y facilitar la formalización del patrimonio de los contribuyentes, sin aplicar sanciones retroactivas.
