POLÉMICA
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó públicamente a la Asociación de Viñateros de Mendoza por haber recurrido a la Justicia Federal para frenar la opcionalidad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), una medida impulsada por el Gobierno nacional en el marco del proceso de desregulación de la actividad vitivinícola.
El cuestionamiento se realizó a través de un mensaje en redes sociales, donde el funcionario apeló a una llamativa comparación con el mundo del fútbol. “Asociación de Viñateros de Mendoza y el 'Chiqui' Tapia, un solo corazón”, escribió Sturzenegger, en alusión a la postura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a la posibilidad de habilitar las sociedades anónimas deportivas.
En ese sentido, recordó que la AFA recurrió a la Justicia cuando el Gobierno nacional impulsó la opcionalidad para que los clubes pudieran transformarse en sociedades anónimas. “Recurrieron a la Justicia para prohibir la opcionalidad”, señaló, y acusó a ambos sectores de bloquear la libertad de elección y de sostener esquemas de control que, según su visión, responden a intereses corporativos.
Sturzenegger defendió la decisión de volver opcional el CIU al asegurar que forma parte de un proceso integral orientado a reducir cargas burocráticas, eliminar trámites innecesarios y limitar la injerencia estatal sobre la producción. Según explicó, el certificado no fue eliminado, sino que pasó a ser una herramienta de uso voluntario para quienes lo consideren necesario, por ejemplo, con fines de trazabilidad.
“El CIU pasó a ser opcional porque casi el 45% de los productores obligados directamente no lo utilizaban”, argumentó el ministro, al sostener que imponer su obligatoriedad implica cargar al sector con un trámite que no todos consideran útil.
La Asociación de Viñateros de Mendoza presentó una acción judicial ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós, para que el certificado vuelva a ser obligatorio. Para Sturzenegger, esta postura resulta contradictoria, ya que busca imponer una exigencia administrativa a productores que no la demandan.
En su análisis, el ministro planteó dos posibles motivos detrás de la judicialización. Por un lado, sostuvo que el CIU habría funcionado como una herramienta de control del mercado, concentrando información sobre el ingreso de la uva al circuito comercial, lo que —advirtió— podría facilitar prácticas anticompetitivas o de cartelización.
Por otro, apuntó contra la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), al señalar que la eliminación de la obligatoriedad del CIU dificulta el cobro de una tasa que definió como un “impuesto privado”, cuyo mandato institucional, según afirmó, se encuentra vencido desde 2020.
En contraposición, Sturzenegger remarcó que numerosas bodegas, productores y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se manifestaron a favor de la desregulación y de la opcionalidad del certificado, y expresó su confianza en que esas posiciones sean tenidas en cuenta por la Justicia.
El funcionario también apeló a una lectura histórica al recordar las restricciones impuestas a la vitivinicultura fuera de la región de Cuyo durante gran parte del siglo XX, una política que calificó como un ejemplo del daño estructural que puede generar la intervención estatal excesiva.
Finalmente, sostuvo que resulta “paradójico” que un sector históricamente afectado por regulaciones severas hoy impulse medidas que, desde su perspectiva, limitan la libertad productiva de otros actores de la cadena, y expresó su expectativa de que la Justicia “se ponga del lado de la producción y la libertad”, en línea con el discurso del presidente Javier Milei.
