El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad mediante un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de que la Justicia ordenara avanzar con su aplicación. La norma había sido sancionada por el Congreso, pero su implementación quedó frenada por la discusión presupuestaria.
La ley declara la emergencia en materia de discapacidad hasta fines de 2026 y establece un nuevo marco para políticas públicas, prestaciones y pensiones. El Poder Ejecutivo había condicionado su vigencia a la disponibilidad de fondos, decisión que fue cuestionada en los tribunales y derivó en una sentencia que exigió su puesta en marcha inmediata.

El fallo judicial declaró inválida la suspensión de la ley y advirtió que el desfinanciamiento del sistema ponía en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales. Aunque el Ejecutivo apeló la decisión, el juez ordenó avanzar con la implementación y supervisó el cumplimiento durante la feria judicial.
La reglamentación define ahora cómo se aplican los principales puntos de la norma, entre ellos la creación de un nuevo régimen de pensiones no contributivas, la conversión automática de beneficios vigentes y la puesta en marcha de auditorías periódicas para controlar el sistema.
El decreto también refuerza el rol de la Secretaría Nacional de Discapacidad, establece la convocatoria al Consejo Federal del área y fija un plazo de 30 días para presentar un plan de auditorías. Según aclaró el Ejecutivo, la reglamentación busca ordenar los criterios administrativos y fortalecer los mecanismos de control.



