APOYO CLAVE
En una jugada con impacto diplomático y judicial, el gobierno de Donald Trump se alista para presentar un amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en respaldo a la Argentina. El objetivo es claro: lograr que se mantenga la suspensión del fallo que ordena la entrega del 51% de las acciones de YPF, mientras avanza la apelación de fondo iniciada por el país.
Actualmente, la medida dictada por la jueza Loretta Preska se encuentra temporalmente suspendida. Sin embargo, la intervención del Departamento de Justicia estadounidense busca prolongar ese congelamiento durante todo el proceso judicial. La iniciativa no es menor: se trata de un posicionamiento del Estado norteamericano que prioriza la inmunidad soberana por encima del reclamo de fondos privados, como Burford y Eton Capital.
Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, un amicus representa el respaldo explícito de un tercero a una de las partes en disputa. “Le agrega argumentos favorables para que el juez o los jueces sean persuadidos y fallen a favor de esta persona o país”, detalló el especialista en declaraciones a Noticias Argentinas.
No obstante, Maril advirtió que este apoyo no se extiende, por ahora, al fallo central que condenó a Argentina a pagar US$16.100 millones. “Ese recurso ya no puede ser presentado porque venció el plazo en septiembre de 2024”, precisó. Además, explicó que la disputa por las acciones de YPF tiene una mayor carga política y soberana para Estados Unidos, en comparación con la cuestión de la expropiación, que está más ligada a “promesas incumplidas y violaciones del mercado de capitales”.
La estrategia de Trump reactiva una postura que ya había tenido el gobierno de Joe Biden, que también se había pronunciado en contra de que los fondos litigantes se apropiaran de activos estratégicos de YPF. En ese entonces, la Casa Blanca sostuvo que esa medida violaba las normas de inmunidad soberana del derecho estadounidense.
A pesar de ese respaldo formal, la jueza Preska falló en contra de Argentina. La nueva presentación busca revertir esa tendencia y evitar que el país deba ceder de inmediato el control accionario de su petrolera estatal.
