GIRO INSTITUCIONAL
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió reconfigurar la conducción del Consejo de la Magistratura, al nombrar como presidente a Julio Gómez, un magistrado identificado con el peronismo. La decisión puso fin a la acefalía que afectaba al organismo desde comienzos de 2025 y reactivó su rol en la designación de jueces y fiscales.
La designación se concretó en el marco de una votación interna que evidenció un esquema de mayorías claras dentro del tribunal. Gómez obtuvo el respaldo de Dalmiro Garay, Omar Palermo, Teresa Day y Norma Llatser, además de su propio voto, mientras que Mario Adaro se abstuvo y José Valerio votó en contra. Como suplente en el Consejo fue elegida la propia Llatser.
El nombramiento no pasó desapercibido en los pasillos judiciales. La llegada de un juez con perfil político al frente del organismo fue interpretada como un movimiento alineado con la nueva etapa que atraviesa la Corte, especialmente tras la incorporación de Juan Carlos Jaliff, quien asumió luego de la renuncia de Marcelo D'Agostino. En ese contexto, la elección de Gómez aparece asociada a una estrategia de construcción de consensos dentro del máximo tribunal.
El Consejo de la Magistratura ocupa un lugar central en el sistema institucional: tiene a su cargo la organización de concursos públicos, la evaluación de postulantes y la elevación de ternas vinculantes al Poder Ejecutivo, que luego define las designaciones con acuerdo del Senado. Su normalización impacta directamente en la cobertura de vacantes en el ámbito judicial.
En Mendoza, el organismo está integrado por siete miembros que representan distintos estamentos: un ministro de la Suprema Corte, que lo preside; un representante del Poder Ejecutivo; dos integrantes de la Cámara de Diputados; dos abogados de la matrícula y un referente del ámbito académico. Este esquema busca garantizar equilibrio institucional en la toma de decisiones.
