ESCÁNDALO JUDICIAL
La diputada nacional Marcela Pagano solicitó este lunes la detención inmediata del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al denunciar que intentó presionar a un testigo clave para tergiversar su declaración en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido fue formalizado ante el juez federal Ariel Lijo y se conoció a través de un posteo en la red social X de la legisladora.
La acusación se centra en los contactos que Adorni mantuvo con el contratista Matías Tabar, encargado de las refacciones en una de sus propiedades en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Según la denuncia, el funcionario se comunicó con Tabar antes de que declarara bajo juramento para ofrecerle “ayuda”, ponerlo en contacto con su “equipo” y sugerirle el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos.
Pagano invocó la denominada “doctrina Irurzun”, un criterio judicial que habilita la prisión preventiva de personas con poder cuando existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. “Cuando tenés un funcionario con poder hay que mirar dos cosas: el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento. En este caso me baso en la doctrina que ya aplicó Comodoro Py en otras oportunidades”, señaló la diputada.
Según la presentación judicial, Tabar declaró que Adorni le pagó 245.929 dólares en efectivo por las refacciones, las cuales incluyeron pileta, cascada y jacuzzi. El contratista también aportó su teléfono celular para que sea peritado y reconoció que algunos mensajes con el funcionario fueron eliminados.
La investigación judicial, que está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, acumula gastos y deudas por más de 800.000 dólares sin correlato con los ingresos declarados por Adorni y su esposa.
