CONTROLES MÁS SEVEROS
La regulación del uso de vehículos oficiales volvió a instalarse en la agenda legislativa de Mendoza. La diputada del PRO, Cintia Jorgelina Gómez, insistió en la necesidad de establecer normas claras para la utilización de estos recursos dentro de la administración pública provincial, en sintonía con una reciente disposición del Gobierno nacional.
La iniciativa no es nueva. Durante el año pasado, la legisladora había presentado un proyecto de ley que propone limitar el uso de vehículos oficiales, una política que actualmente comienza a implementarse a nivel nacional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete. Según planteó, el contexto económico refuerza la necesidad de administrar de manera eficiente los recursos del Estado y reducir gastos innecesarios.
Desde esta perspectiva, la propuesta apunta a “consolidar criterios de austeridad, transparencia y responsabilidad en el manejo de los bienes públicos”. El planteo sostiene que “el Estado debe dar el ejemplo en el uso de sus recursos, especialmente cuando se requiere un esfuerzo sostenido por parte de la sociedad.”
La iniciativa subraya que estas medidas no responden a una lógica ideológica, sino a principios de sentido común, orientados a "ordenar, transparentar y recuperar la confianza ciudadana."
