ESCENARIO GLOBAL
La disputa por la YPF ingresó en una nueva etapa tras la decisión de la justicia de Estados Unidos de dejar sin efecto la condena superior a US$16.000 millones contra la Argentina por la expropiación del 51% de la compañía en 2012. El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York representó un alivio parcial para el Gobierno, aunque no implica el cierre del conflicto judicial.
El tribunal de alzada del Segundo Circuito anuló la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, al considerar que hubo una interpretación incorrecta de la normativa argentina en relación con la obligación de lanzar una oferta pública tras la estatización. Como resultado, la condena económica quedó momentáneamente sin efecto y el caso deberá ser revisado.
Sin embargo, los fondos demandantes —Petersen y Eton Park, respaldados por el hedge fund Burford Capital— confirmaron que avanzarán con una estrategia judicial que incluye nuevas presentaciones en tribunales estadounidenses y la posibilidad de trasladar el litigio al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo dependiente del Banco Mundial.
El eventual paso al CIADI introduce un riesgo significativo. Este tribunal arbitral es el principal foro internacional en disputas entre Estados e inversores extranjeros, con competencia habilitada por los tratados bilaterales de inversión firmados por la Argentina, en su mayoría durante la década de 1990. En ese ámbito, el país registra un historial adverso: el 94% de las demandas internacionales se tramitaron allí y cerca del 86% de los casos resultaron desfavorables, con laudos por más de US$10.000 millones.
Aunque los fallos del CIADI no son de ejecución directa, los beneficiarios pueden recurrir a tribunales nacionales para obtener reconocimiento y avanzar con embargos, lo que incrementa el impacto potencial sobre las finanzas públicas.
El antecedente más cercano vinculado a YPF remite al conflicto con Repsol, que tras la expropiación recurrió al CIADI en el marco del tratado bilateral entre Argentina y España de 1991. Esa controversia se resolvió en 2014 mediante un acuerdo por US$5.000 millones, evitando una condena arbitral.
Especialistas en derecho internacional advierten que Burford Capital podría replicar esa vía, utilizando el mismo tratado para reformular el reclamo en sede arbitral. En ese sentido, los demandantes ya solicitaron autorización para utilizar documentación obtenida en el proceso de discovery en Estados Unidos como respaldo de una eventual nueva demanda.
El caso YPF se suma a otros litigios abiertos contra la Argentina en el CIADI, vinculados a la expropiación de Aerolíneas Argentinas, la pesificación de contratos energéticos —como el caso de AES en la represa Alicurá— y disputas por congelamientos tarifarios en servicios públicos. Muchos de estos procesos se extienden por más de una década, con efectos financieros persistentes.
En este contexto, el escenario para la Argentina combina un alivio coyuntural con una elevada incertidumbre estructural. El Gobierno enfrenta el desafío de sostener la posición favorable lograda en la justicia de Nueva York mientras se prepara para un posible arbitraje internacional en un terreno históricamente adverso.
De avanzar el litigio en el CIADI, el conflicto por YPF podría transformarse en uno de los principales focos de riesgo legal y financiero externo para el país en los próximos años, reconfigurando el mapa de contingencias en el frente judicial internacional.
