DISPUTA JUDICIAL
El conflicto judicial por los recortes en la entrega de medicamentos gratuitos del PAMI permanece paralizado por una disputa de competencia entre tribunales federales de Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa había comenzado en diciembre del año pasado a raíz de un amparo presentado en Mendoza por una organización de defensa de derechos de personas mayores.
Desde el 20 de marzo, el proceso se encuentra suspendido tras una presentación del Juzgado Civil y Comercial N.º 5 de CABA, que cuestionó la jurisdicción del Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza. Esta presentación respondió al pedido del PAMI para que el caso se tramitara en Buenos Aires, donde tiene su sede central.
El juez porteño resolvió que su juzgado era competente, argumentando que el organismo demandado —el PAMI— tiene domicilio en la capital y concentra allí la mayor cantidad de afiliados. Esto implicó, además, declarar la incompetencia de otros juzgados donde se habían iniciado causas similares.
A pesar de esta decisión, el juzgado mendocino había consultado al Ministerio Público Fiscal, que se pronunció en sentido contrario, sosteniendo que Mendoza debía continuar con el tratamiento del caso. También la Fiscalía de Estado apoyó esta posición. Por ahora, el expediente sigue detenido a la espera de una definición por parte de la Cámara Federal de Apelaciones.
La causa se inició a partir de la resolución 2431/2024 del PAMI, que modificó el listado de medicamentos esenciales y sus condiciones de acceso. La medida provocó presentaciones judiciales en distintas provincias, entre ellas Mendoza, donde un fallo había suspendido los cambios y ordenado restituir la cobertura total para los afiliados.
El incumplimiento por parte del PAMI llevó incluso a que se le impusiera una multa diaria de $300.000, que acumulaba un total de $7 millones al momento de la suspensión del proceso. No obstante, la ejecución de esta sanción también quedó congelada por el conflicto de jurisdicción.
La incertidumbre jurídica ha dejado en pausa tanto el cumplimiento de la cautelar como el acceso garantizado a medicamentos para miles de jubilados en Mendoza y otras provincias, a la espera de una resolución que destrabe el trámite judicial.
