PROYECTO DE LEY
La propuesta plantea prohibir la venta y entrega gratuita de los cigarrillos electrónicos a menores, sancionar con multas, clausuras y decomisos a quienes no cumplan, y vetar totalmente su exhibición, publicidad y promoción.
La autora del proyecto asegura que se trata de proteger a los jóvenes de un producto que “genera adicción y daños a la salud”. Sin embargo, desde Vapeo Responsable advierten que la prohibición total no evita el acceso de los menores y que, además, limita a los fumadores adultos el cambio a una alternativa que es un 95% menos dañina que el cigarrillo.
Un escenario de prohibición que no funciona
En Argentina, la venta, importación y publicidad del vapeo está prohibida desde 2011 por la ANMAT. Aun así, millones de personas lo usan y se consigue fácilmente en el mercado informal, sin controles ni trazabilidad.
“Llevamos más de una década con esta prohibición, y lo único que creció fue el mercado negro. Esto facilita que los menores accedan y deja al Estado sin herramientas para controlar”, sostuvo Alberto Gómez Hernández, portavoz de la campaña.
Preocupación legítima, pero con carencias
Desde Vapeo Responsable apoyan que se sancione la venta a menores, pero remarcan que ya debería cumplirse con la ley existente. El problema, señalan, es la falta de regulación: sin un mercado legal, no hay forma de garantizar quién compra ni qué calidad tienen los productos.
Además, alertan que prohibir la publicidad por completo evita que los fumadores conozcan que existen opciones menos dañinas para dejar el cigarrillo.
La propuesta de los usuarios
La campaña sugiere un modelo con tiendas especializadas que:
Verifiquen edad obligatoriamente.
Informen sobre el uso responsable y riesgos.
Ofrezcan productos controlados y con trazabilidad.
Para ellos, esta sería la única forma de cerrar el acceso a menores y reducir el mercado informal.
Petición ciudadana
Con esa idea, lanzaron una petición nacional para pedir el fin de la prohibición y el inicio de una regulación inteligente: venta legal solo a adultos, control de calidad, sanciones efectivas y acceso a información clara.
“Miles ya se sumaron. Necesitamos pasar del miedo a la evidencia científica y el sentido común”, concluyó Gómez Hernández.
