MEMORIA ACTIVA
El 9 de diciembre de 1985, y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, concluyó el Juicio a las Juntas, un proceso judicial que durante ocho meses logró reunir a testigos y documentación para condenar a los responsables de la última dictadura militar en Argentina, sucedida entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. El fiscal de la causa fue Julio Strassera, asistido por su adjunto Luis Moreno Ocampo.
La sentencia del tribunal integrado por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz fue tomada como ejemplo en el país y en el mundo, y se convirtió en un antecedente histórico comparable con los Juicios de Nüremberg, realizados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, que condenaron a los responsables del Holocausto en la Alemania nazi.
Aunque el juicio comenzó formalmente en abril de 1985, a solo cinco días de asumir la presidencia, Alfonsín había sancionado el Decreto N.º 158/83, que ordenaba juzgar a nueve militares de las tres Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
El inicio del debate oral se retrasó, pero finalmente se concretó con el respaldo de numerosas víctimas sobrevivientes de torturas, secuestros y desapariciones, además del acompañamiento de organismos como la CONADEP, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y partidos políticos opositores que exigían una condena firme ante uno de los hechos más atroces de la historia argentina.
La sentencia condenó a reclusión perpetua con destitución a Videla y Massera; mientras que Viola, Lambruschini y Agosti recibieron 17, 8 y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Por su parte, Galtieri, Graffigna, Lami Dozo y Anaya resultaron absueltos.
El tribunal concluyó que las distintas Juntas Militares que tomaron el poder entre 1976 y 1983 habían planificado un “sistema represivo ilegal”, con un elevado número de delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.
Además, ordenó avanzar en el enjuiciamiento de todos aquellos que tuvieron responsabilidades en las acciones criminales probadas por las declaraciones de decenas de testigos.
