Abandonados y en la miseria: Marcela y su hijo piden auxilio, mientras el Gobierno mira para otro lado
La historia de Marcela Palma y su hijo es un grito desesperado que exige ser escuchado. Ambos, personas con discapacidad, sobreviven en condiciones indignas mientras las autoridades ignoran sus pedidos urgentes. Sin ingresos fijos, sin asistencia estatal efectiva y sin respuestas concretas, Marcela y Jonás han llegado al límite de la resistencia humana.
Marcela, quien padece artritis reumatoidea avanzada y depresión, junto a su hijo, diagnosticado con esquizofrenia, han pasado los últimos dos años en una batalla constante por obtener la pensión por discapacidad que les corresponde por derecho. Sin embargo, la burocracia y la falta de voluntad política los han dejado en una situación de abandono total. “Hace dos años que presenté mis papeles y aún no tengo respuestas. Ahora me piden que vuelva a presentar todo desde cero. ¿Cuánto más tengo que esperar?”, expresó con impotencia.
La situación se agravó cuando el padre de su hijo, quien era el único sostén económico del hogar, fue detenido en enero del año pasado. Desde entonces, la Universidad Nacional de Cuyo suspendió su sueldo, dejándolos sin ningún tipo de ingresos. Marcela intentó acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, pero se la negaron debido a que su exmarido aún figura como empleado de la universidad, aunque no percibe salario. “Nosotros no tenemos ni para comer y ellos nos dicen que seguimos teniendo ingresos. No entiendo cómo pueden justificar esto”, denunció Marcela.
Hoy, madre e hijo viven de la beca de comedor universitario que recibe él, lo que significa que comparten una vianda al día. “Hay días en los que simplemente no comemos”, confiesa Marcela, quien también asegura que han perdido toda calidad de vida. “Nos dicen que vayamos a pedir ayuda a otro lado, pero ya golpeamos todas las puertas y nadie hace nada. No sé qué más hacer”.
Marcela trabajó durante años en distintos rubros, principalmente como empleada doméstica. Sin embargo, la artritis reumatoidea ha avanzado hasta el punto de impedirle realizar cualquier trabajo físico. A pesar de su estado, ha intentado conseguir otro tipo de empleo que no implique esfuerzo físico, pero debido a la situación económica del país, nadie la ha tomado. “Busqué trabajo en lo que fuera, pero no hay oportunidades y cuando ven que tengo discapacidad, directamente me descartan”, expresó con frustración.
A pesar de la gravedad del caso, las respuestas del Estado han sido nulas. Marcela ha recurrido a la Defensoría de las Personas con Discapacidad, a la Dirección de Discapacidad de la provincia, a la Defensoría del Paciente, a la Defensoría de las Personas con Discapacidad, a Desarrollo Social de Goicoechea, a la Dirección de Discapacidad de la provincia en la calle Pedro Molina, a la Casa de Gobierno en la Defensoría del Paciente y Derechos Humanos, e incluso a los tribunales federales donde presentó un recurso de amparo que fue rechazado por ser colectivo. En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: derivaciones interminables y promesas vacías.
Estoy cansada. He pensado en encadenarme para que alguien nos escuche. Pero, ¿por qué tengo que llegar a eso para que hagan algo? Esto no es vida, es sobrevivir a diario sin dignidad
Este caso es una vergüenza y un llamado de atención a las autoridades. El acceso a la alimentación, la salud y una pensión justa son derechos básicos que Marcela y su hijo merecen. Urge una respuesta inmediata para garantizar su bienestar.